En un reciente anuncio, el Primer Ministro de Georgia, Irakli Garibashvili, reveló que el país ha introducido la prohibición de los servicios de gestación subrogada y fecundación in vitro (FIV) para extranjeros. La prohibición pretende responder a las preocupaciones relacionadas con el bienestar de los niños subrogados que son llevados fuera del país y evitar posibles adopciones por parejas del mismo sexo.
Según la nueva legislación, sólo los ciudadanos georgianos podrán utilizar los servicios de gestación subrogada dentro del país. Garibashvili subrayó que la capacidad de controlar el bienestar de los niños subrogados se convierte en un reto una vez que son llevados al extranjero. Además, ha habido informes que indican que los niños nacidos por gestación subrogada en Georgia podrían ser adoptados por parejas del mismo sexo.
El Ministerio de Sanidad trabaja actualmente en un proyecto de ley que se presentará al Parlamento. Esta legislación limitará el acceso a la fecundación in vitro, la maternidad subrogada y los procedimientos relacionados para los no ciudadanos de Georgia a partir del 1 de enero de 2024. Sin embargo, los ciudadanos georgianos seguirán teniendo derecho a recurrir a la gestación subrogada y la donación de óvulos, con la condición de que se prohíba a las mujeres recibir compensación monetaria. En cambio, sólo se les pueden reembolsar los gastos directamente relacionados con el embarazo y el parto.
El próximo proyecto de ley también incluirá la prohibición de hacer publicidad de la maternidad subrogada, haciendo hincapié en la importancia del altruismo en el proceso. Garibashvili subrayó que cualquier ciudadano de Georgia que desee ser donante o madre de alquiler debe actuar según el principio del altruismo y no del beneficio económico.
Según el Primer Ministro, unas dos mil mujeres se dedican actualmente a la maternidad subrogada en Georgia. Cabe señalar que la mayoría de las madres de alquiler del país proceden de entornos socialmente vulnerables. Los servicios de gestación subrogada en Georgia son utilizados predominantemente por parejas extranjeras, siendo países como Europa, China, Israel, Turquía y EE.UU. fuentes habituales de futuros padres. Australia y Canadá han experimentado recientemente un aumento de parejas que buscan servicios de gestación subrogada, y Georgia se ha convertido en un destino popular debido al conflicto en Ucrania.
La maternidad subrogada sigue siendo un tema controvertido en todo el mundo, y sólo un número limitado de países permite esta práctica. Las naciones que se oponen a la maternidad subrogada argumentan que compromete la dignidad del niño y de la madre subrogada, reduciéndolos a meros sujetos de acuerdos contractuales. Además, se ha expresado preocupación por los derechos de los niños en este tipo de acuerdos, ya que el cuerpo humano no debe ser objeto de contratos privados, según los opositores.
Una investigación de Radio Liberty reveló que las madres de alquiler en Georgia cobran salarios que oscilan entre los 15.000 y los 20.000 dólares. La mayoría de las personas que recurren a los servicios de gestación subrogada y donación en Georgia son parejas extranjeras, que representan aproximadamente el 99% del total. En el metro de Tiflis pueden verse campañas publicitarias que promueven la gestación subrogada, con imágenes de mujeres embarazadas sonrientes. Algunas agencias ofrecen indemnizaciones de entre 20.000 y 25.000 dólares a mujeres de entre 19 y 38 años.
Con la nueva prohibición de los servicios de maternidad subrogada y fecundación in vitro para extranjeros, Georgia se une a un número limitado de países que restringen el acceso a estas opciones reproductivas. La decisión del gobierno refleja la preocupación por el bienestar infantil y pretende regular el sector para garantizar prácticas éticas en el país.
Creemos en normativas con sentido común, no en normativas discriminatorias
A raíz de la reciente prohibición en Georgia de los servicios de maternidad subrogada y fecundación in vitro (FIV) para extranjeros, se ha desatado un acalorado debate sobre el planteamiento del gobierno a la hora de regular las opciones reproductivas. Aunque la prohibición se implantó con la intención de proteger el bienestar de los niños de alquiler y mantener el control sobre su adopción, los críticos sostienen que perpetúa la discriminación y socava la libertad individual.
La prohibición, que limita el acceso a los procedimientos de gestación subrogada y fecundación in vitro a los ciudadanos georgianos, ha suscitado preocupación por los derechos de los futuros padres de otros países. Al excluir de hecho a los extranjeros de la utilización de estos servicios, la legislación ha sido tachada de discriminatoria y restrictiva.
Los defensores de la prohibición, entre ellos el Primer Ministro Irakli Garibashvili, subrayan la importancia del bienestar infantil y la necesidad de una normativa más estricta en el sector de los vientres de alquiler. Argumentan que es primordial controlar el proceso de adopción y garantizar el bienestar de los niños subrogados. Además, se ha expresado preocupación por la posible adopción de niños nacidos en Georgia por parejas del mismo sexo, lo que ha influido en la decisión de limitar el acceso de los no ciudadanos a los servicios de gestación subrogada y fecundación in vitro.
Sin embargo, los opositores argumentan que estas preocupaciones pueden abordarse mediante normativas de sentido común en lugar de prohibiciones rotundas. Afirman que un marco jurídico completo, combinado con una supervisión y un control adecuados, puede garantizar el bienestar de los niños subrogados sin recurrir a medidas discriminatorias. En lugar de excluir a los extranjeros, esta normativa se centraría en aplicar prácticas éticas, salvaguardar los derechos de todas las partes implicadas y garantizar la transparencia en el sector.
Los críticos argumentan además que la prohibición socava la libertad individual y la autonomía reproductiva. Al restringir el acceso a la gestación subrogada y la fecundación in vitro en función de la nacionalidad, la legislación vulnera los derechos de las personas que pueden solicitar estos servicios por diversas razones, como la necesidad médica o la elección personal. Sostienen que las decisiones relativas a las opciones reproductivas deben ser tomadas por las personas implicadas, en consulta con profesionales médicos, en lugar de estar dictadas por normativas gubernamentales.
Además, los detractores de la prohibición subrayan el posible impacto económico en Georgia. Los servicios de maternidad subrogada y fecundación in vitro han atraído al país a un importante número de parejas extranjeras, contribuyendo a la economía local y generando oportunidades de empleo. Al imponer restricciones a estos servicios, Georgia corre el riesgo de perder su condición de destino popular para el turismo reproductivo, lo que podría afectar a los medios de subsistencia de quienes se dedican a este sector.
Mientras prosigue el debate, partes interesadas de diversos sectores, incluidos expertos jurídicos, profesionales sanitarios y defensores de los derechos humanos, reclaman un planteamiento más matizado de la regulación. Defienden el desarrollo de una legislación integral que equilibre la protección del bienestar infantil con los principios de autonomía individual y no discriminación.
En la búsqueda de una normativa con sentido común, es crucial que el gobierno de Georgia entable un diálogo abierto con todas las partes interesadas, teniendo en cuenta las diversas perspectivas e incorporando las opiniones de los expertos. De este modo, tal vez sea posible encontrar un término medio que defienda los derechos y el bienestar de los niños de alquiler, respetando al mismo tiempo las opciones y la dignidad de los padres intencionales, independientemente de su nacionalidad.
En última instancia, el objetivo debe ser alcanzar un equilibrio que promueva las prácticas éticas, salvaguarde el bienestar infantil y reconozca los derechos de las personas que buscan asistencia reproductiva. Si adopta un enfoque integrador y con visión de futuro, Georgia puede trazar un camino que sirva de ejemplo a otras naciones que se enfrentan a retos similares, fomentando un sistema que sea a la vez compasivo y justo.